Las elecciones del 3 de noviembre llevaron los centros de datos a las urnas. Los ciudadanos comenzaron a imponer límites y condiciones por medio de su voto a una infraestructura cuyos costos pueden llegar mucho más allá de los terrenos donde se construye.
El martes 3 de noviembre de 2026, mientras Estados Unidos celebraba sus elecciones de medio término, en numerosas localidades se votaba sobre un asunto que hasta hace poco parecía reservado a empresas tecnológicas, inversionistas y autoridades energéticas: la construcción de centros de datos.
En diez estados, los ciudadanos decidieron sobre 41 medidas relacionadas con esas instalaciones. Según los resultados provisionales recopilados por Ballotpedia, 40 terminaron favoreciendo restricciones o rechazando propuestas que facilitaban su desarrollo. Solamente una tuvo un resultado favorable a la posición contraria.
Las cifras son llamativas, pero es imperante distinguir lo que representan. No estamos hablando de 40 centros de datos clausurados ni tampoco de 40 proyectos necesariamente cancelados. Hubo prohibiciones, moratorias, modificaciones de normas urbanísticas y consultas sin carácter obligatorio.
Lo que sí ocurrió fue que miles de ciudadanos utilizaron las urnas para intervenir en decisiones sobre una infraestructura que se ha vuelto fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial.
La electricidad, el agua, el ruido, los impuestos y la transformación de las comunidades aparecieron entre las preocupaciones de quienes se opusieron a determinados proyectos.
La discusión sobre el futuro de la IA había llegado a un lugar bastante más cotidiano: los vecindarios.
Una votación que comenzó en los tribunales
En Trenton, una pequeña ciudad de Ohio, el 79,68% de los votantes apoyó una modificación de su carta municipal para prohibir la construcción de centros de datos cuya demanda eléctrica superara los 25 megavatios.
Fueron 3.541 votos favorables frente a 903 contrarios, según los resultados provisionales publicados después de las elecciones.
Pero la historia había comenzado meses antes.
Un grupo de residentes, organizado bajo el nombre Woodsdale and Trenton Environmental Resistance, reunió firmas para someter la prohibición a votación.
El Ayuntamiento rechazó inicialmente la petición por considerar que no alcanzaba el número necesario de firmas válidas. Los promotores acudieron entonces al Tribunal Supremo de Ohio.
El 1 de septiembre, los siete jueces fallaron por unanimidad a favor de que la iniciativa llegara a las urnas.
Dos meses después, los vecinos aprobaron la prohibición.
Sin embargo, el resultado no significa necesariamente que hayan conseguido detener todos los proyectos que motivaron la controversia.
Uno de ellos, un campus de Amazon, se encuentra fuera de los límites actuales de la ciudad. La medida puede impedir que Trenton incorpore determinados terrenos a su jurisdicción para facilitar su desarrollo, pero no equivale a una prohibición directa sobre cualquier construcción fuera del municipio.
También existen interrogantes sobre una instalación de Prologis que ya estaba en desarrollo.
La votación fue una victoria para quienes promovieron la iniciativa, aunque sus efectos sobre cada proyecto todavía requieren una evaluación jurídica y administrativa.
Este detalle es de suma importancia y merece atención.
Los ciudadanos pueden decidir qué construcciones permiten dentro de su territorio, pero los proyectos industriales, las redes eléctricas y sus consecuencias económicas no siempre terminan donde acaba un municipio.
La electricidad no reconoce límites municipales
Los centros de datos necesitan electricidad para operar sus equipos, procesar información y mantener las temperaturas necesarias para su funcionamiento.
No todos consumen lo mismo. Las instalaciones de mayor escala pueden exigir una capacidad comparable a la de importantes consumidores industriales. Cuando esa demanda supera la capacidad disponible, pueden necesitarse nuevas centrales de generación, líneas de transmisión, subestaciones y otras ampliaciones de la red eléctrica.
La pregunta deja entonces de ser únicamente dónde se construirá un centro de datos. También importa quién financiará la infraestructura necesaria para suministrarle electricidad.
PJM Interconnection, el operador que coordina la red eléctrica en trece estados y el Distrito de Columbia, ha documentado un crecimiento de la demanda que supera el ritmo de incorporación de nueva capacidad de generación.
En la subasta realizada en diciembre de 2025 para asegurar el suministro del período 2027-2028, el sistema no consiguió adquirir toda la capacidad que necesitaba para cumplir su objetivo de confiabilidad.
El déficit fue de aproximadamente 6.517 megavatios de capacidad acreditada.
Eso no significa que se hayan producido apagones por esa cantidad ni que toda la demanda proyectada ya exista. Significa que el operador identificó una diferencia entre la capacidad contratada y la necesaria para cumplir sus criterios de planificación.
Hay otra cifra que permite comprender la presión económica.
El precio de capacidad de PJM pasó de 28,92 dólares por megavatio-día para 2024-2025 a 269,92 dólares para 2025-2026. Posteriormente alcanzó 329,17 dólares para 2026-2027.
Esos precios no representan directamente lo que paga una familia por cada unidad de electricidad consumida. Corresponden a un mercado en el que se remunera la disponibilidad de generación para atender la demanda.
Pero forman parte de los costos del sistema eléctrico y pueden influir en las tarifas que finalmente pagan hogares y negocios.
Tampoco sería correcto atribuir todo el incremento exclusivamente a los centros de datos. La disponibilidad de generación, las reglas del mercado, las condiciones de la red y otros factores también intervienen.
Lo que resulta difícil ignorar es que el crecimiento de estas instalaciones se ha convertido en una preocupación para los responsables de garantizar el suministro eléctrico.
Y para los ciudadanos, la preocupación es todavía más inmediata: cuánto terminará costándoles disponer de esa infraestructura en sus comunidades.
¿Quién termina pagando?
La Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos, conocida como FERC, tiene entre sus responsabilidades supervisar aspectos del transporte interestatal de electricidad y las tarifas de transmisión sujetas a su jurisdicción.
El problema que enfrenta no es solamente cómo conectar grandes consumidores a la red, sino cómo distribuir los costos que esas conexiones pueden ocasionar.
Una nueva instalación puede necesitar ampliaciones específicas para recibir electricidad. Algunas obras pueden beneficiar también al resto del sistema; otras responden principalmente a las necesidades del nuevo consumidor.
Determinar quién debe pagar cada parte no es una cuestión menor.
Los costos autorizados de transmisión pueden incorporarse a las tarifas eléctricas mediante los mecanismos establecidos por los operadores, las empresas de servicios públicos y las autoridades reguladoras correspondientes.
Por esa vía, hogares y pequeños negocios pueden terminar compartiendo costos asociados a ampliaciones de infraestructura.
Eso no ocurre automáticamente con cada centro de datos. Depende de las características del proyecto y de las reglas aplicables.
Precisamente por esas diferencias, FERC ha impulsado procedimientos para revisar las condiciones de conexión de grandes consumidores y las protecciones necesarias para evitar que se trasladen costos injustificados a otros usuarios.
Durante 2026, la comisión exigió a distintos operadores eléctricos justificar sus reglas existentes o proponer modificaciones. Las decisiones regulatorias todavía están en desarrollo.
Y aquí aparece una cuestión que conecta las votaciones locales con un problema mucho más amplio.
Una comunidad puede rechazar un proyecto dentro de sus límites municipales, pero no necesariamente controla las decisiones sobre infraestructura eléctrica y distribución de costos que se adoptan en ámbitos regionales o federales.
Votar sobre el uso del suelo y decidir quién paga una ampliación de la red son asuntos relacionados, aunque se resuelven mediante procedimientos distintos. Por eso, una prohibición municipal no garantiza por sí sola que sus habitantes queden al margen de todos los costos regionales asociados al crecimiento de los centros de datos.
Tampoco demuestra que estén pagando por un proyecto concreto que rechazaron. Esa diferencia entre lo posible y lo comprobado resulta indispensable para entender el problema.
La preocupación por los recursos que consumen estas instalaciones no termina, por tanto, en el terreno donde se construyen. También alcanza a la red eléctrica que las alimenta y a los mecanismos mediante los cuales se distribuyen sus costos.
La respuesta de Perry fue diferente
En Perry, también en Ohio, los ciudadanos tomaron otro camino.
En lugar de aprobar una prohibición general, votaron a favor de exigir garantías financieras a los desarrolladores de grandes centros de datos que soliciten determinados incentivos fiscales.
La medida recibió aproximadamente el 87% de los votos.
Su propósito es establecer condiciones que respalden los compromisos económicos de quienes buscan beneficios para desarrollar estas instalaciones. Entre las preocupaciones que aborda figuran las promesas de empleo, los ingresos fiscales y las obligaciones relacionadas con servicios públicos.
La medida también incorpora condiciones vinculadas al ruido. La diferencia con Trenton es importante.
En una localidad, los votantes decidieron prohibir instalaciones de determinadas dimensiones. En la otra, optaron por exigir garantías antes de conceder beneficios fiscales.
No son respuestas idénticas ni necesariamente incompatibles. En Trenton, la preocupación se tradujo en una restricción territorial. En Perry, en condiciones económicas para los desarrolladores.
Ambas decisiones muestran que las comunidades pueden recurrir a mecanismos diferentes para abordar los efectos de una misma actividad industrial.
La cuestión no es solamente permitir o impedir una construcción. También es establecer qué obligaciones asumen las empresas, qué recursos necesitarán y cómo se protegerán los intereses de quienes viven en las localidades donde pretenden instalarse.
El futuro también necesita autorización
Durante los últimos años, las grandes empresas tecnológicas han anunciado inversiones extraordinarias para construir la infraestructura que consideran necesaria para desarrollar sistemas de inteligencia artificial cada vez más capaces.
Esas inversiones movilizan capital, crean oportunidades empresariales y pueden generar actividad económica en las regiones donde se realizan.
Pero los centros de datos no existen solamente en los balances financieros ni en las presentaciones de sus promotores. Ocupan terrenos, necesitan electricidad, utilizan sistemas de refrigeración y dependen de infraestructuras que también sirven a otras actividades humanas.
Sus beneficios y sus costos no siempre recaen sobre las mismas personas.
Las elecciones del 3 de noviembre mostraron que, en numerosas comunidades, los ciudadanos están reclamando una participación más directa en las decisiones sobre esa infraestructura y sus consecuencias.
Trenton representa la posibilidad de prohibir determinados desarrollos. Perry muestra otra alternativa: exigir garantías a quienes desean beneficiarse de incentivos públicos.
Y FERC enfrenta, desde el ámbito regulatorio, una pregunta relacionada con ambas experiencias: cómo evitar que los costos de atender a grandes consumidores terminen distribuyéndose injustificadamente entre quienes no solicitaron esas instalaciones.
Son decisiones distintas, adoptadas por instituciones diferentes. Pero comparten una preocupación: los recursos que requiere el desarrollo de esta infraestructura y los costos que puede imponer a las comunidades.
El futuro de la inteligencia artificial puede prometer beneficios para millones de personas. Eso no elimina la necesidad de decidir, en el presente, quién autoriza su infraestructura, quién obtiene sus beneficios y quién asume sus costos.
Fuentes
- Ballotpedia. Data center-related ballot measures, 2026. Registro de medidas electorales y resultados provisionales del 3 de noviembre.
https://ballotpedia.org/Data_center-related_ballot_measures,_2026 - Ballotpedia. Trenton, Ohio, Issue 17, Prohibit Data Centers Initiative (November 2026). Texto de la iniciativa, resultados y antecedentes judiciales.
https://ballotpedia.org/Trenton,_Ohio,_Issue_17,_Prohibit_Data_Centers_Initiative_(November_2026) - Ballotpedia. Perry, Ohio, Issue 16, Hyperscale Data Center Tax Incentive Financial Guarantee Requirement Initiative (November 2026). Resultados y condiciones de la medida.
- PJM Interconnection. 2025 Annual Report, información sobre mercados de capacidad y planificación del suministro.
https://services.pjm.com/annualreport2025/markets/ - PJM Interconnection. Powering Reliability Through Market Design, mayo de 2026.
https://www.pjm.com/-/media/DotCom/library/reports-notices/special-reports/2026/20260506-powering-reliability-through-market-design.pdf - Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Información sobre transparencia de costos y protección de consumidores.
https://ferc.gov/cost-transparency-customer-protection - WVXU. Cobertura local del resultado electoral de Trenton y sus consecuencias para los proyectos de centros de datos.
https://www.wvxu.org/environment/2026-11-03/trenton-votes-to-ban-data-centers
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